Debida diligencia en la Ciudadanía Argentina por Inversión

Para un inversor que compromete USD 350.000 o USD 800.000, la debida diligencia es la etapa de mayor escrutinio institucional. Protege la integridad del programa, de la ciudadanía argentina y de la movilidad internacional que conlleva.

Los programas de ciudadanía por inversión de todo el mundo han sido examinados por organismos internacionales por sus riesgos de seguridad y de lavado de activos. Por eso se espera que un proceso de revisión sólido sea un rasgo central del programa argentino, y es la etapa en la que surgen la mayoría de los problemas evitables.

Esta plataforma es dirigida por Juan Pablo Rojas Pascual y Rojas Pascual Abogados, estudio jurídico argentino especializado en ciudadanía por inversión. Sus abogados se dedican a analizar el perfil, la documentación y los factores de riesgo de cada solicitante antes de presentar cualquier cosa ante las autoridades.

Informes jurídicos. Abogados senior elaboran un informe jurídico que evalúa la elegibilidad del solicitante, la validez probatoria de los documentos apostillados y traducidos y la inexistencia de impedimentos conforme a la legislación migratoria argentina.

Informes contables. Un equipo de contadores públicos elabora informes financieros que acreditan el origen lícito del patrimonio del solicitante y la trazabilidad de los fondos a invertir —declaraciones impositivas, estados societarios, contratos de venta, documentación sucesoria y flujos bancarios—, organizados para presentarse junto con la solicitud.

Esta preparación independiente no reemplaza ni anticipa la revisión estatal. Su finalidad es detectar y resolver de antemano las inconsistencias, para que el expediente llegue a las autoridades completo, coherente y bien documentado.

Verificación de identidad, nacionalidad, estado civil y vínculos familiares mediante pasaportes, partidas de nacimiento y de matrimonio y, en su caso, constancias de cambio de nombre.

En general, los documentos deben apostillarse o legalizarse y ser traducidos por un traductor público. Las inconsistencias en nombres, fechas o grafías entre documentos son una causa frecuente de pedidos de información.

El origen del patrimonio explica cómo se formó a lo largo del tiempo el patrimonio total del solicitante: actividad empresarial, trabajo, inversiones, venta de activos o herencia.

El origen de los fondos reconstruye el recorrido del dinero concreto que se invierte, desde su origen hasta la transferencia, mediante extractos bancarios y registros de operaciones.

Ambos deben estar documentados y ser coherentes. El patrimonio no documentado, las transferencias sin explicación o los fondos canalizados por estructuras opacas están entre los factores de riesgo más significativos.

En general se exigen certificados de antecedentes penales de los países de nacionalidad y de residencia reciente. Los controles pueden cruzarse con bases de datos internacionales.

El período de revisión exacto y la vigencia de los certificados dependerán de la reglamentación del programa.

El solicitante debe prever controles contra listas internacionales de sanciones (como las de Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido), bases de personas expuestas políticamente (PEP) y medios de comunicación.

En la mayoría de los programas, la condición de PEP no es descalificante por sí misma, pero suele activar una revisión reforzada del origen del patrimonio.

La prueba del cumplimiento fiscal en la jurisdicción de origen y la ausencia de quiebras fraudulentas o de deudas tributarias ejecutadas refuerzan la coherencia del perfil financiero presentado.

Pueden revisarse denegaciones de visado, expulsiones o permanencias irregulares en cualquier país. Una denegación previa no es necesariamente descalificante, pero debe declararse y explicarse con exactitud.

• Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (Decreto 524/2025): evaluación técnica y coordinación de la revisión.
• Dirección Nacional de Migraciones (DNM): autoridad que resuelve la solicitud conforme a la Ley 346 y al Decreto 366/2025.
• Ministerio de Economía: define las inversiones admisibles y los mecanismos de recepción de los fondos.

Pueden intervenir otros organismos argentinos con competencia en prevención del lavado de activos; el procedimiento interinstitucional preciso depende de la reglamentación del programa.

Los solicitantes o fondos vinculados con jurisdicciones calificadas de mayor riesgo por los organismos internacionales de estándares (como las listas del GAFI) pueden enfrentar una revisión reforzada y exigencias documentales adicionales.

Durante la revisión, las autoridades pueden requerir documentos o aclaraciones adicionales, por ejemplo, para explicar una operación determinada. Las respuestas deben ser completas, coherentes con el expediente original y presentarse con rapidez.

Nuestro equipo jurídico y contable prepara y revisa las respuestas para que se alineen con los informes ya presentados.

• Patrimonio no documentado o documentado de forma inconsistente
• Inclusión en listas de sanciones o exposición a sanciones a través de socios comerciales
• Condenas penales o procesos penales pendientes
• Registros de identidad o estado civil inconsistentes
• Fondos de jurisdicciones de alto riesgo sin explicación adecuada
• Declaraciones falsas o incompletas en la solicitud

• Reunir la documentación del origen del patrimonio de los años relevantes (declaraciones impositivas, documentos societarios, ventas o herencias).
• Obtener los certificados de antecedentes penales y verificar su vigencia.
• Unificar nombres y fechas en todos los documentos de identidad y estado civil.
• Mantener los fondos de la inversión en cuentas trazables y documentadas.
• Informar desde el inicio a los asesores las denegaciones de visado previas y cualquier cuestión legal relevante.

Una consulta privada con un abogado senior especializado es el primer paso recomendado para revisar estos puntos antes de cualquier presentación. Consultar un caso.